Ministro de Justicia: Decreto sobre deshacinamiento de los penales beneficiaría a 7,000 internos

Fernando Castañeda informó que se adquirirán 8,000 grilletes electrónicos.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Fernando Castañeda, informó que el decreto legislativo para el deshacinamiento de los penales y centros juveniles, promulgado en el contexto de la emergencia sanitaria por el covid-19, podría beneficiar a 7,000 internos.

"Estamos hablando de un universo de beneficiarios con un techo de aproximadamente 7,000 internos", dijo Castañeda a RPP.

El titular del Minjusdh fue enfático en señalar que se trata de internos implicados en delitos que no ponen en riesgo la seguridad ciudadana, los cuales están establecidos claramente en el decreto legislativo 1513.

En ese sentido aseguró que no se beneficiará con la excarcelación a personas involucradas en secuestros, homicidios o sicariato; así como también en actos de corrupción de funcionarios.

Asimismo, destacó la promulgación del decreto legislativo 1514 que optimiza la vigilancia electrónica o grilletes, un sistema que, subrayó, se utiliza en otras partes del mundo.

Vigilancia personal

Dijo que si bien existía una norma anterior que establecía el uso de grilletes electrónicos, su alcance había sido mínimo, ya que solo 24 internos en el país tenían este tipo de vigilancia personal.

Por ello, indicó, en la reciente norma se establece que el Estado asumirá costo de grillete electrónico y no el interno, lo que, en su opinión, promoverá el uso masivo de dicho sistema de vigilancia.

Castañeda informó que se destinarán S/ 50 millones para la modernización tecnológica que requerirá implementar la norma para deshacinar los penales, así como para la compra de grilletes electrónicos.

En este último caso, indicó, se tiene previsto adquirir unos 8,000 dispositivos electrónicos con el propósito de ofrecer una alternativa real a los jueces, quienes no tendrán como único camino dictar una prisión preventiva.

Castañeda resaltó que, con la aprobación de los dos decretos legislativos, el Gobierno honra su compromiso con el Congreso que le otorgó facultades para legislar en materia carcelaria.

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